El gerencialismo clásico

El gerencialismo clásico es una derivación del sistema burocrático expuesto y desarrollado por Weber, que cuenta con las premisas de regularidad y rutina en un entorno de escasa competitividad.

Como principales características del gerencialismo clásico podemos resaltar:

-Una clara separación entre las esferas políticas con potestad para la toma de decisiones (como son el gobierno y el parlamento) y las esferas de gestión situadas en el sector privado, encargadas de ejecutar las decisiones tomadas por las mentadas esferas políticas de decisión.
- El principio de autoridad como única forma de determinación y control del grado de esfuerzo y responsabilidad demostrados por la organización.
- Los procedimientos de carácter rutinario, que mediante la consistencia y cohesión de órdenes enviadas desde los mandos supriores y la respuesta a estas órdenes por parte de los subordinados, logra asegurar el principio de unidad en el mando.
- La premisa básica del interés propio como impulso principal del ser humano, lo cual le ayuda a discernir sus preferencias y buscar alternativas a ellas.
- La motivación económica como forma mas efectiva de estimulación, siendo así el uso de incentivos retribuidos lo mejor para la superación laboral del funcionario.
- Todo supuesto planteado ha de tener una solución idónea, y lo que compete al funcionariado es encontrar esa solución y no preocuparse por la razón de la existencia del problema.
- Las relaciones humanas son importantes pero siempre han de estar supeditadas a la flexibilidad exigida por las necesidades organizativas de la Administración.

Estas características permiten concluir que el gerencialismo clásico funda un sistema organizativo con una perfecta articulación jerárquica que permita un control efectivo del sistema, lo cual a su vez hará lograr el cumplimiento de las instrucciones dentro de una organización eficaz, reforzada por incentivos económicos.
C. Boix, en un estudio sobre el tema, considera que este sistema garantista, unido a la supremacía del legislador y a la organización jerárquica, permite minimizar la discrecionalidad de la Administración y garantizar los derechos votados en el Parlamento. Además se maximiza así la seguridad jurídica, se crean economías de escala, se minimizan las posibilidades de fraude y se establece un sistema cuya predecibilidad y credibilidad reducen los costes de información y transacción, permitiendo el desarrollo de una economía industrial, urbana y moderna.